Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica

1García Regueiro examina la documentación de la sección de Patronato del Archivo General de Indias que trata sobre la distribución de las enco­miendas que Perafán de Ribera realizó en 1569. Estas mismas fuentes se encuentran en la publicación de Manuel María de Peralta (editor), Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI (Madrid: Librería de M. Murillo y París y Librería de J. I. Ferrer, 1883). Zamora Acosta (1980) presentó en forma de cuadros un extracto de las distribuciones realizadas por Perafán de Ribera. García Regueiro también consulta el trabajo de Simpson (1938) para las estimaciones de la población de México en la década de 1560.

2El repartimiento de Perafán de Ribera proporciona las cantidades de tributarios indígenas distribuidos en 71 de las 87 encomiendas en los alrede­dores de Cartago y Aranjuez. García Regueiro utiliza estas cifras (casi siempre redon­deadas a la centena más próxima o a veces a la media centena) junto con el estatus relativo de los encomenderos para asignar totales de tributarios a las 16 encomiendas para las que no existen datos poblacionales. De este modo, por ejemplo, en la jurisdicción de Cartago, al hijo de Ribera se le asignaron 600 tributarios, a un escribano de gobernación 400, a un sargento mayor 400 y a otros cuatro encomenderos de menor rango y estatus un promedio de 300 “indios”, lo que suma en total 2,600 tributarios. García Regueiro le asignó 300 “indios” a cada uno de los nueve encomenderos en la jurisdicción de Aranjuez, alcanzando un total de 2,700 tributarios. Cuando se llevó a cabo este primer repartimiento, Aranjuez estaba situado en la costa oriente del Golfo de Nicoya en el territorio de los Chomes, frente a la isla de Chirá. Cartago ya se situaba en su actual locali­zación en el Valle de Guarco.

3García Regueiro suma sus cálculos de los datos faltantes (5,300 tribu­tarios) al total de 20,400 correspondiente a las encomiendas registradas en el reparti­miento más 2,700 tributarios de la Corona en Pacaca, Quepo y Chomes para alcanzar un total “corregido” de 28,400. Con base en otras fuentes del Patronato, el autor hace un ajuste ascendente a este total (Cuadro 3), alcanzando la cifra de 31,950, o sea 29,150 en la jurisdicción de Cartago y 2,800 en la de Aranjuez. Ya que los datos adicionales provienen de las cifras que presentó el procurador de la ciudad de Cartago, Juan de Zárate, no fue simple coincidencia que los incre­mentos se dieran solamente en esta jurisdicción. Utilizando un multiplicador de cuatro, García Regueiro llega a un total indígena de 127,800 en Costa Rica en 1569.
El autor toma en cuenta los datos comparativos de Nueva España (exclu­yendo Nueva Galicia) en la década de 1560 en un esfuerzo creativo y convincente de justificar esta cifra. Redondeando las cifras, señala que, para el período de 1560 a 1570, las poblaciones estimadas de Costa Rica de 130,000 y de Nueva España de 4,200,000 tienen una relación de 0.032:1. Compara la población total de los dos países en 1960 (1,148,000 y 34,625,000) y en 1982 (2,300,000 y 73,100,000) y observa que esta relación se mantuvo relativamente constante (0.033:1 en 1960 y 0.031:1 en 1982) en el transcurso de más de cuatro siglos.

4Otra documentación sugiere que la cifra de 1569 de aproximadamente 127,800 pudo haber sido hasta de 160,000, lo cual significaría un total de 40,000 tributarios. Todas estas cifras son considerablemente mayores que la estimación de Quirós (1987) de 69,875 indígenas bajo el control español en el tiempo del repartimiento de Perafán de Ribera.

5El autor también señala que, en 1578, el obispo de Nicaragua y Costa Rica, fray Antonio de Zayar, indicó que cuarenta años antes (ca. 1538) Costa Rica contaba con 300,000 indígenas. Luego de examinar los padrones compilados por los sacerdotes y vicarios, el Obispo logró encontrar sólo 8,000. García Regueiro anota que si la cifra de 300,000 de fray Antonio se refería a tributarios, la población de Costa Rica en la época prehispánica hubiera sido de 1,200,000. Esta cifra es tres veces mayor que el total de 400,000 que proporcionó Denevan (1992) para Costa Rica al momento del contacto. El autor reconoce que la cifra elevada del Obispo de 300,000 tributarios indígenas es contradictoria a lo que testimonian otros datos. Sugiere que dicha cifra es tan hipotética e infundada como lo son las cifras tendenciosas de Bartolomé de Las Casas para otras zonas del istmo. A simple vista, Las Casas constituye una fuente que parece fácil de desacreditar, pero si su lógica era imprecisa (atribuyó la muerte entre los indígenas principal­mente a la crueldad y explotación españolas, sin tomar en consideración las enfermedades) tal vez sus totales poblacionales no lo sean. Desafortuna­da­mente, dado el contenido de su bibliografía, parece que existió poca o ninguna comuni­cación entre García Regueiro y los académicos espe­cia­li­zados en Costa Rica con intereses e inquietudes similares.