Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica

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Una primera versión de este artículo ha sido publicado en: Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, vol II, no. 2. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, San José, Costa Rica: Costa Rica. Diciembre. 2005

Consideraciones iniciales

2Las discusiones que en el ámbito político nacional se han generado en torno a la adhesión al Tratado de Libre Comercio se han enfocado en las eventuales posibilidades que éste pueda ofrecer al país para enfrentar de manera competitiva los retos que las nuevas coordenadas económicas globalizadoras están imponiendo a nuestra débil e inestable economía, anclada aún en un modelo y estructuras concentradoras y excluyentes que, además manifiestan señales inequívocas de crisis.

3En esta discusión se enfrentan dos visiones, dos apuestas, que si bien podrían coincidir en cuanto a que el objetivo a largo plazo en ambas es asegurar un futuro mejor para el país, difieren radicalmente en cómo alcanzarlo y, en consecuencia, en los resultados que se vayan dando a lo largo de dicho proceso.

4De manera bastante esquemática se puede aseverar que los argumentos esgrimidos por quienes están a favor son de carácter técnico y de reorientación de estrategias que permitirán identificar “nichos de oportunidad” en el ámbito externo para insertarnos en ellos, pero sin que se considere necesario cuestionar las bases económicas, sociales y estructurales sobre las que se sustentarán.

5Afirman que la modernización de las actividades productivas es imperativa pero los escenarios en donde ésta ha de producirse no suponen la transformación radical de las estructuras productivas – sobre todo las de la propiedad de la tierra – como una premisa para alcanzar tal modernización. Las propuestas que para el desarrollo económico del país han sido formuladas desde esta perspectiva no hacen sino fortalecer las tendencias seculares concentradoras y acumuladoras de los recursos, así como de las ganancias. Se están promocionando rubros como el turismo, la ampliación y modernización de la infraestructura vial y de comunicaciones y la explotación de yacimientos minerales por considerarlos como potenciales generadores de empleo. Queda por ver si a partir de éstos se transformarán las condiciones de vida de la población rural. Estos supuestos beneficios, además, son valorados bajo criterios de ganancia empresarial pero no de bienestar social.

6Por su parte, las organizaciones sociales y campesinas consideran que un paso previo y necesario para enfrentar esos nuevos retos es la desarticulación de las estructuras concentradoras de la propiedad de la tierra y de los activos de capital. De tal manera que una vez estos amplios sectores de la sociedad hayan logrado acceder a los insumos básicos – sobre todo tierra y capital – podrán convertirse en actores económicos activos, con capacidad para aportar positivamente en el proceso de generación de empleo y riqueza en el país; y en consecuencia, en actores políticos que ejercerán su ciudadanía con dignidad.

7Se trata, en síntesis, de la confrontación de dos lógicas opuestas que hasta ahora no han podido entrar en diálogo ni, menos aún, negociaciones que conduzcan a encontrar soluciones incluyentes y con perspectiva de largo plazo. Largo plazo que para las organizaciones campesinas se construye en el corto y mediano plazo, mientras que desde la perspectiva empresarial el énfasis se centra en la ganancia inmediata. Se trata de una disputa entre visiones antagónicas que, además, ocurre en medio de una coyuntura en la que, una vez más, las condicionantes externas presionan para que nuestra economía se readecue a las exigencias que impone el neoliberalismo globalizador.

8Hasta ahora se ha constatado que en Guatemala existe una imposibilidad, casi estructural, para dialogar de manera directa y sin conflictos sobre esta y otras problemáticas. Tal dificultad no es únicamente resultado de la renuencia del Estado y de los sectores empresariales, como tampoco porque los campesinos carezcan de propuestas que vayan más allá de los planteamientos que insisten en la necesaria transformación de las estructuras de propiedad de la tierra. Ésta se explica, sobre todo, a partir de variables históricas, tanto estructurales como mentales, construidas y reproducidas a lo largo del tiempo, y que ejercen un peso e incidencia que no son valorados ni identificados en toda su dimensión en este difícil debate inconcluso.

9En el ámbito estructural, el Estado – tanto colonial como republicano – siempre ha privilegiado los intereses de los grupos dominantes, dando como resultado una constante adecuación de su ser y existir a dichos intereses. De tal manera que las sucesivas políticas estatales puestas en funcionamiento en Guatemala siempre han sido elaboradas desde la óptica e intereses dominantes. Y, como se verá más adelante, el fruto de esta relación simbiótica Estado-grupos dominantes, ha sido una permanente imposición de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales excluyentes y discriminadoras.

10Esta situación explica las prácticas y actitudes que tanto el Estado como los sectores dominantes asumen hacia los sectores campesinos y populares, que se traducen en el señalamiento y estigmatización de cualquier reivindicación social y económica como “desestabilizadora” del orden establecido. A lo que también se añade que dichos sectores no son considerados como sujetos activos, con capacidad de gestión y de propuesta, sino como “manipulables” por intereses ajenos y enemigos de la nación.

11Estamos inmersos en un entramado social complejo y disímil que no avanza de manera coherente ni positiva. Nos encontramos atrapados en una suerte de “nudo gordiano” que en lugar de flexibilizarse y aflojarse, se tensa cada vez más, sin posibilidades de desanudarse.

12Para comprender esta problemática no basta con inventariar los “activos” con los que contamos para enfrentar los retos de la competitividad que impone la marea neoliberal globalizadora, ni el “pasivo” que nos impide transitar hacia tal modernidad llegada desde fuera. Debemos esforzarnos por ver más allá de la coyuntura, tratar de entender cuál es la naturaleza profunda de los obstáculos que internamente nos impiden vincularnos a una modernidad que sea amplia, transformadora pero, sobre todo, incluyente, y no sólo desde los parámetros de la que se nos impone desde fuera y desde esos poderosos intereses sectoriales.

13Ver más allá de la coyuntura no significa únicamente ver hacia delante, hacia el futuro. Si bien es cierto que el eje aglutinador en torno al cual se articulan las propuestas y visiones que tanto los campesinos como los sectores dominantes plantean es el futuro del país, dicho futuro no se construye exclusivamente desde el presente en el que nos encontramos. De la misma manera que nuestro presente fue el futuro que las generaciones precedentes construyeron, nosotros estamos construyendo el futuro de las nuevas generaciones. Y si los resultados de las visiones y previsiones de nuestros antepasados – el presente que vivimos – muestran que tal construcción se hizo de manera desequilibrada, tenemos la enorme responsabilidad de no imponer lo mismo a quienes vendrán detrás de nosotros.

14En tal sentido, podemos afirmar que la sociedad guatemalteca ha sido construida, desde el punto de vista de su proceso histórico, a partir de dos grandes “nudos gordianos”, ambos anclados a la tierra. El primero, consolidado durante el período colonial y mantenido con bastante estabilidad a lo largo de los primeros setenta años del siglo XIX, se anudó a partir de la dualidad propiedad comunal–propiedad privada de la tierra. Y el segundo, estructurado a partir de la reforma liberal de 1871 y con plena vigencia hasta la actualidad en torno al binomio latifundio–minifundio. En ambos, se trata no sólo de una determinada modalidad de tenencia de la tierra sino, también, de formas, mecanismos, prácticas y relaciones económicas, políticas y sociales que giran en torno a estos ejes que han llevado a la sociedad guatemalteca a funcionar y reproducirse de manera antagónica, sustentados y legitimados en las formas estatales dentro de las que se conformaron y reprodujeron, con efectos diferenciadores y excluyentes profundos en la población campesina y, sobre todo, la indígena.

15Y para desatar esos “nudos gordianos” que ahora nos tienen atrapados – ese futuro construido en el pasado – es importante conocer cómo fueron articulados, cómo se afianzaron y cómo se continúan reproduciendo. Es decir, debemos acercarnos al conocimiento de los procesos históricos que los conformaron, sobre todo porque se insiste en ver hacia delante, hacia el futuro, pero a condición de ignorar el pasado. Pero, caminar hacia delante sin conocer el trecho ya recorrido es como lanzarse a una aventura, sin una ruta previamente establecida. Nuestras expectativas de futuro deben construirse a partir de nuestras experiencias sociales previas. Sólo de esa manera se puede corregir el rumbo y garantizar diferentes y mejores resultados.

16A continuación, y con tal sentido y finalidad, se presenta un breve análisis histórico con el que se quiere contribuir a entender la complejidad de nuestro presente. Presente, que como se ha indicado anteriormente, se caracteriza por ser bipolar, antagónico y excluyente. Se tratará de ilustrar, desde una perspectiva histórica, cómo y por qué se ha venido construyendo hasta ser lo que ahora es la sociedad guatemalteca.

Las dualidades estructurales antagónicas en torno a la propiedad de la tierra: una constante en nuestra historia

Las raíces primeras de los nudos

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No se puede comprender la complejidad ni profundidad de la problemática agraria contemporánea si no se establecen y rastrean sus raíces históricas profundas. Se impone, en tal sentido, una lectura histórica que nos acerque a la comprensión de las lógicas sustentadoras de los procesos de construcción de la actual estructura de tenencia y uso de la tierra en Guatemala.

18Un primer aspecto básico a tener en cuenta es el que se refiere al carácter “híbrido” de las empresas de descubrimiento, conquista y colonización. Éstas fueron iniciativas “empresariales” con reconocimiento estatal pero sobre una base de capital privado, y reguladas mediante las llamadas capitulaciones (contratos suscritos entre un particular y la Corona para efectos de descubrir y conquistar nuevos territorios). Una consecuencia importante derivada de este modus operandi fue la de los derechos que adquirían sus beneficiarios, bastante amplios y generosos, dado que se desconocían las condiciones y los resultados concretos que se podían obtener de esas expediciones¹.

19Paulatinamente, la Corona fue regulando estas empresas provocando reacciones – algunas veces violentas – por parte de los beneficiarios. Con las Leyes Nuevas – promulgadas en 1542 – la Corona impuso sus propios controles. Se aseguró la continuidad del proceso pero bajo lógicas centradas en el interés estatal. En este cambio fue importante el papel desempeñado por una burocracia estatal especializada y jerarquizada, al igual que una visión política de largo plazo, eminentemente colonial.

20De manera paralela a la política de las expediciones de conquista se impulsó otra de poblamiento para promover la fundación de núcleos de población estables, tanto para los conquistadores y primeros colonos, como para organizar a la población americana, con el propósito de garantizar la presencia del Estado y sus instituciones, como para incorporar a dicha población al proyecto colonizador.

21Un elemento esencial para el éxito de esta política fue el reparto generoso de tierras entre los primeros colonos y pobladores. El dominio colonial se consolidaría, jurídicamente, a partir de la puesta en cultivo de las tierras adjudicadas, para así estabilizarlos en estos territorios.

22No hay que olvidar dos factores capitales; primero, el establecimiento de un cuerpo jurídico nuevo – sobre todo con relación al vigente antes en este continente – y cuyo punto de partida era la imposición de la soberanía absoluta de la monarquía castellana sobre la tierra y todos los recursos aquí existentes, desconociéndose las anteriores soberanías y derechos. Y, luego, la incorporación sistemática y forzada de la población americana al proceso colonizador, promoviéndose – en un primer momento – una serie de instituciones (la esclavitud y la encomienda), para satisfacer los requerimientos personales de los conquistadores. Y luego, a partir de las Leyes Nuevas, una política general de control y reproducción de esa población, confinándolos y organizándolos en los “Pueblos de indios”, para lo que se les adjudicó tierras, sobre todo de manera colectiva.

23h5. Los principios jurídicos iniciales en torno a la propiedad de la tierra

24El principio jurídico general al que se acogió la Corona Castellana para apropiarse de los territorios americanos fue el de la regalía o dominio universal de la corona sobre las tierras comprendidas en este espacio geográfico, otorgado por la Iglesia Católica luego de 1492. De él se derivaron las diferentes formas y mecanismos que se implementaron para el acceso a la propiedad de la tierra en el continente ¿Cómo utilizó la Corona este derecho y dominio?

25Durante la etapa de las capitulaciones la tierra fue utilizada y repartida como estímulo o aliciente, tanto para los jefes de las expediciones como para los participantes en las expediciones militares. Se trataba de una recompensa. Y, casi siempre, con la tierra que se repartían también indígenas.

26De forma paralela, se principió a distribuir tierras mediante las llamadas Reales Cédulas de gracia o merced de tierra. Con éstas también se buscaba compensar los servicios prestados por esos individuos a la Corona. Eran distribuciones de tierras de carácter gratuito. Dicho carácter cesó en 1591 cuando se introdujeron los de compra y adjudicación en pública subasta, significando un cambio en la política agraria y un paso más en el proceso de implantación del régimen colonial. La tierra incrementó su valor e importancia; sobre todo la cercana a las vías de comunicación y a ciudades, villas, puertos y otros centros de comercialización y consumo.

27Con estas disposiciones se ratificó que todas las tierras retenidas ilegalmente eran propiedad del monarca; que las poseídas sin legítimos títulos debían restituirse a la Corona para que, una vez reservada la necesaria para ciudades, villas y pueblos de indios – a quienes se les debía otorgar la necesaria – la demás se les restituirían para disponer de ellas según su voluntad. Se impusieron plazos para que todos los poseedores exhibieran sus respectivos títulos, amparándose a quienes los tuvieran en concordancia con lo poseído, y quienes las tuvieran en exceso las devolverían al rey. Surge entonces un nuevo título originario para adquirir el dominio privado de las tierras baldías o realengas: la adjudicación en pública subasta al mejor postor.

28También se introdujo la composición, figura y mecanismo jurídico mediante el cual una situación de hecho en relación con la tenencia de la tierra podía convertirse en una situación de derecho, previo pago del valor del bien en cuestión. Los interesados debían observar una serie de pasos burocráticos –denuncia, medida y composición – luego de los cuales se les otorgaba el respectivo título de propiedad. A partir de entonces, y a lo largo de todo el período colonial, estas dos fueron las modalidades principales para acceder a la propiedad de la tierra en los territorios americanos².

29Este marco jurídico evidencia el “carácter generoso” con el que actuó el Estado colonizador tanto en la etapa inicial de descubrimiento y conquista, como en la del asentamiento y desarrollo posterior del régimen colonial. A partir de una presunción jurídica de origen feudal – la regalía – la Corona dispuso de manera absoluta sobre la tierra, sus riquezas naturales, como sobre la población originaria americana. Se ignoró, de manera categórica, la existencia de procesos históricos previos y se impuso uno nuevo, orientado por lógicas diferentes. Estos mecanismos y procesos se mantuvieron vigentes durante los siglos de dominación colonial, y no desaparecieron del todo con el rompimiento político de 1821. Más bien, se renovaron y adaptaron en función de los sucesivos contextos históricos. Y un resultado central fue la conformación de dualidades estructurales y antagónicas en torno a la tierra, que respondían al tipo de relaciones sociales entonces impuestas.

30h4. El primer nudo estructural: propiedad comunitaria – propiedad individual

31Cuando se revisan detenidamente las principales modalidades de propiedad de la tierra que han existido en Guatemala a lo largo de su historia se constata que éstas han girado en torno a dualidades antagónicas, tejidas y luego desarticuladas en el contexto de momentos o períodos históricos específicos. Además, esas dualidades estructurales han sido en gran medida resultado y adecuación a condicionantes de carácter fundamentalmente externo. Dualidades que, de manera simultánea, han sido complementadas con políticas laborales caracterizadas por la compulsión y la explotación.

32Las lógicas bajo las que en Guatemala se han articulado políticas agrarias y laborales en los distintos periodos históricos – y aún se continúa haciendo – no han tenido como punto de partida un carácter, una visión, un proyecto nacional de largo plazo, ni tampoco un sentido social ni de redistribución – ni siquiera vía salarial – de la riqueza allí generada. Más bien, éstas siempre han privilegiado la acumulación desigual y han sido esencialmente reactivas a procesos coyunturales externos. En consecuencia, se puede afirmar que, en este contexto, la mentalidad empresarial guatemalteca, conformada a la sombra de tales procesos y estructuras históricas, siempre se ha caracterizado por ser “colonial extractiva”.

33La primera dualidad estructural histórica que se construyó y funcionó a lo largo de todo el período colonial, y con ciertas variantes hasta finales del siglo XIX cuando se produjo la Reforma Liberal, es la de las tierras de propiedad comunitaria – pequeñas y medianas unidades productivas de propiedad privada.

34Su origen se sitúa en el carácter mismo del régimen colonial, estructurado con el propósito central de extraer de la manera más eficiente y rápida la mayor cantidad posible de riquezas del continente americano. Con notables diferencias con relación a los proyectos colonizadores ingleses, holandeses y otros, la Corona Española organizó el suyo bajo una serie de parámetros mediante los cuales buscó combinar directrices bastante contradictorias entre sí: de carácter económico – la extracción de riquezas -, con intencionalidades de carácter humanitario – sobre todo a través del proyecto evangelizador -. Frente al modelo de “plantación” promovido por otras potencias, anclado sobre la fuerza de trabajo esclava, el que la corona española privilegió – sobre todo a partir de 1542 – consideraba la posibilidad de combinar los intereses económicos coloniales con un eventual respeto de la integridad y dignidad de la población indígena. Fue bajo esta lógica que se estableció el “pueblo de indios” como espacio para que dicha población viviera y se reprodujera bajo los principios y la ética cristiana; pero vinculada a procesos económicos extractivos bajo modalidades compulsivas y explotadoras³.

35Es aquí donde surge esa primera dualidad estructural en torno a la propiedad de la tierra. Por un lado, a todos los “Pueblos de Indios” se les asignó, por ley, una porción de tierra – llamada con el paso del tiempo ejido – para el sustento y reproducción de sus habitantes; pero – sobre todo – para que cumplieran puntualmente con los requerimientos del régimen colonial. La asignación del ejido respondía a una doble lógica que privilegiaba la posibilidad de la conservación y reproducción de la población indígena, así como la reproducción del sistema colonial. En ese espacio la población indígena debía cultivar maíz, frijol y otros frutos para pagar el tributo real, como también – pero en segundo lugar – para su propia alimentación. Estos tributos, pagados en tales frutos, eran recolectados cada seis meses y luego eran vendidos al mejor postor. Los compradores, casi siempre los grandes comerciantes de la ciudad capital, los incorporaban como un artículo más en sus transacciones comerciales en el ámbito regional.

36El ejido, dentro de esta lógica, era un componente esencial en el proceso de reproducción del régimen colonial, por lo que la Corona siempre legisló en términos favorables para que los “Pueblos de Indios” contaran este patrimonio común. Desde esta perspectiva, el paternalismo desplegado por las autoridades coloniales hacia las comunidades indígenas se puede entender como parte de una estrategia para garantizar la pervivencia del régimen.

37Pero, los “Pueblos de Indios” también podían, en la medida de sus capacidades económicas, comprar tierras a la Corona a través de los mecanismos de la denuncia y subasta, así como mediante la composición. Tal posibilidad permitió a muchos de ellos conformar grandes “latifundios comunales”, espacios que les permitieron ampliar los márgenes de producción de artículos para su subsistencia, como para cumplir con sus obligaciones fiscales⁴.

38Simultáneamente, y frente a esa modalidad de propiedad colectiva, también se conformaron unidades productivas de carácter privado en manos de españoles, criollos, mestizos e indígenas. En muchos casos, éstas se establecieron en las inmediaciones de dichos pueblos para aprovechar la fuerza de trabajo indígena en ellos concentrada; otras se localizaron en lugares estratégicos – sobre todo en las cercanías de la ciudad de Santiago o vecinas a las rutas de comunicación más importantes; pero también en lugares apartados. Lo que en ellas se producía – según su localización – se destinaba tanto al autoconsumo como para el consumo de los escasos centros urbanos entonces existentes en estas tierras⁵.

39Dado el carácter marginal de la región centroamericana en el sistema colonial global la gran propiedad privada no llegó a tener – en términos económicos – la importancia que alcanzó, por ejemplo, en la Nueva España o en El Perú. Salvo algunas haciendas ganaderas localizadas en ciertos puntos de la costa su