Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica

1 En junio de 1855, en la ciudad de León, William Walker y su falange integrada por medio centenar de filibusteros recibieron una entusiasta bienvenida, encabezada por los principales líderes del partido democrático. La situación de éstos era precaria: después de un fracasado sitio a Granada que se prolongó durante ocho meses, sus desgastadas tropas se habían visto obligadas a replegarse, mientras el ejército legitimista avanzaba hacia occidente. Pronto este escenario cambiaría por completo. Al cabo de cinco meses, Walker logró apoderarse de Granada, firmar un tratado de paz con el principal jefe militar legitimista, constituir un Gobierno Provisorio integrado por representantes de ambos partidos contendientes, y ser reconocido como General en Jefe del Ejército de la República de Nicaragua. ¿Qué factores explican su vertiginoso ascenso al poder?

2 La homilía pronunciada por el presbítero Agustín Vijil, el día siguiente de la ocupación del puerto lacustre por las tropas filibusteras, nos ofrece algunas pistas para responder a esta interrogante. El influyente sacerdote granadino empezó recordando las dramáticas consecuencias de las guerras civiles que habían desgarrado a Nicaragua en las décadas posteriores a la independencia. Luego, presentó a Walker como un hombre ilustrado, procedente de una sociedad civilizada, que prometía garantizar la seguridad de los vencidos, respetar sus bienes, y procurar un acuerdo entre democráticos y legitimistas. Aseguró a sus angustiados fieles que, de lograr sus propósitos, Walker:

3“Sería el Enviado de la Providencia para curar heridas y reconciliar la familia nicaragüense que otros dividieron, porque ser el instrumento de la paz, lograr el fin de hostilidades tan crueles, es merecer el aprecio de esta tierra afligida por la peor de las desgracias: la guerra civil¹.” Continuó el padre Vijil: “Entonces podremos decir del General Walker que se presentó a nuestras playas en son de guerra, pero que al llegar a nosotros, movido de mejores impulsos, sintió la necesidad de cumplir nobles aspiraciones como elemento de civilización ante el caos de la guerra²…”

4 Además, el sacerdote granadino se refirió al filibustero norteamericano como un elemento civilizador, que no sólo haría posible la reconciliación de la familia nicaragüense, sino también la construcción del canal interoceánico y, por ende, el cumplimiento de su grandioso destino geográfico.

5 “(…) porque habrán de ser los Estados Unidos los constructores de la comunicación entre los dos océanos, llevar a Nicaragua, unidos de las manos, al engrandecimiento a que está destinada por su posición en el continente y facilidades naturales, obteniendo nosotros, con ventaja, relaciones valiosas con el mundo civilizado a la vista de sus naves y pabellones en el corazón de nuestro territorio³…”.
La visión del padre Vijil era compartida por no pocos líderes democráticos y legitimistas. A fin de comprender esta reacción ante la llegada de Walker abordaremos, en primer lugar, las causas de la virtual ausencia de un sentido de identidad nacional en la Nicaragua de mediados del siglo XIX. A continuación, veremos cómo las amenazas geopolíticas y las rivalidades entre los países centroamericanos incidieron en las decisiones de los gobernantes nicaragüenses. Finalmente, exploraremos algunos mitos y estereotipos difundidos en los periódicos de la época, que explican la predisposición de las elites nicaragüenses a recibir a los norteamericanos como elementos de civilización y progreso.

Ausencia de un sentido nacional

6 La construcción del Estado nacional en Nicaragua, así como en otros países hispanoamericanos, enfrentó un grave obstáculo. A lo largo de tres siglos, el sentido de pertenencia de los criollos se había tejido en torno a sus “patrias chicas”: los pueblos y ciudades donde habían nacido sus padres, reposaban las cenizas de sus ancestros y, por supuesto, donde tenían sus propiedades. El órgano de poder local era la corporación municipal, que cumplía diversas funciones: recaudar y asignar impuestos, administrar la justicia en lo civil y lo criminal, adjudicar tierras, controlar el repartimiento de mano de obra indígena, y conformar diversos cuerpos de milicias para vigilar caminos y ciudades⁴. Estos órganos de poder local se hallaban controlados por los grandes comerciantes y terratenientes criollos de cada ciudad pues, desde fines del siglo XVI, la Corona española acostumbraba vender los cargos municipales al mejor postor, con el propósito de aumentar las arcas reales. La concentración de riquezas y poder político en los territorios bajo la jurisdicción de los cabildos citadinos marcó el espacio de las lealtades primarias de las familias criollas.

7 Durante el período colonial, el localismo de los criollos estuvo relativamente supeditado a su lealtad al rey. Dicha subordinación era reforzada mediante diversos rituales; por ejemplo, cada vez que llegaba un nuevo gobernador a la provincia, se presentaba en los cabildos de las ciudades principales y juraba cumplir fielmente su mandato. Luego, cada miembro de la corporación municipal colocaba sobre su cabeza la Cédula Real donde constaba el nombramiento de dicho funcionario⁵. De esta manera, expresaban su obediencia a la voluntad del monarca que, además, era incuestionable pues derivaba su legitimidad de la doctrina del origen divino de su poder.

8 Sin embargo, con la independencia desapareció la venerada figura del rey; en el vacío de poder, los miembros de las corporaciones municipales se percibieron a sí mismos como legítimos representantes y voceros de los intereses de sus respectivos pueblos. Por tanto, sólo a regañadientes aceptaban la obligación de prestar obediencia a las nuevas autoridades republicanas. La legitimidad de la autoridad de los Jefes de Estado, Diputados, Senadores o Magistrados era precaria, pues los mecanismos para delegar la soberanía popular eran muy novedosos. Incluso, el mismo concepto de soberanía popular se prestaba a confusión.

9 De acuerdo a la letra de la Ley Fundamental de 1824, la nación centroamericana se hallaba constituida por “el pueblo“; es decir, por el conjunto de ciudadanos que habitaban los territorios de las cinco provincias federadas del istmo. Sin embargo, en la práctica, los cabildos continuaron arrogándose la representación de los habitantes de sus respectivas circunscripciones administrativas o “pueblos“. Desde esta perspectiva, la soberanía popular residía, en primera instancia, en las corporaciones municipales⁶. Este choque de lealtades e intereses generó graves conflictos en el proceso de construcción del Estado-nación. Tan pronto desapareció el poder colonial, los cabildos de las ciudades principales de cada provincia empezaron a disputarse espacios de jurisdicción, y a competir por el derecho a convertirse en sede de los nuevos gobiernos republicanos.

10 Este problema fue especialmente agudo en Nicaragua, pues sus dos principales ciudades – León y Granada – constituían núcleos políticos y económicos casi autónomos, cuyo dominio se extendía sobre las regiones circundantes. León, capital de la provincia durante la Colonia, era el centro político, intelectual, religioso y comercial del Partido de Occidente, Nueva Segovia y parte de Matagalpa, cuya población total llegaba a los 122 mil habitantes. A través de su puerto, el Realejo, intercambiaba productos con los puertos centroamericanos y suramericanos en las costas del océano Pacífico. Granada era una importante plaza comercial debido a su control sobre la salida hacia el mar Caribe, por la vía del lago de Nicaragua y el río San Juan. Además, era el centro económico de las fértiles tierras de Masaya y Rivas, así como de la ganadería chontaleña. Esta ciudad-estado constituía el eje de los departamentos Oriental y Meridional, así como de una parte de Matagalpa; en conjunto, controlaba una población aproximada de 135 mil habitantes⁷.

11 La independencia de España exacerbó la rivalidad entre ambas ciudades. Cuando esta noticia llegó a León, el 22 de septiembre de 1821, la Diputación Provincial – dominada por el Intendente Gobernador Miguel González Saravia, el obispo Nicolás García Jerez y criollos realistas – acordó ofrecer su apoyo al gobierno español para impedir la ruptura con la metrópoli colonial. El día 28, dispusieron dar a conocer el trascendental documento a los ayuntamientos de la provincia, pero acompañado de una exposición sobre la necesidad de afianzar la autonomía frente a Guatemala, y proceder con severidad para conservar el orden público mientras se aclarasen los “nublados del día”. El ayuntamiento de León se unió a la posición de los diputados, argumentando que la ruptura con España dejaría el istmo a merced de potencias hostiles, aventureros o piratas. Sus integrantes rechazaron, además, continuar subordinados a un gobierno radicado en la lejana ciudad de Guatemala, debido a los gastos y contratiempos que les ocasionaba. Por su parte, el cabildo de Granada vio la oportunidad de liberarse de las autoridades provinciales: respaldó el pronunciamiento guatemalteco y, a cambio, recibió el derecho a conformar su propia Junta Gubernativa, autónoma con respecto de León.

12 A este conflicto se sumó el choque entre los partidarios del sistema republicano y los monárquicos que apoyaron la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano. Concluido el conflicto militar, se procedió a elegir a las nuevas autoridades del estado. El poder ejecutivo quedó en manos de Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello, como Jefe y Vicejefe, respectivamente. Asimismo, se conformó una asamblea legislativa que promulgó, el 8 de abril de 1826, una Constitución Política por la cual Nicaragua se organizó como un Estado de la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, la paz no duró mucho. En 1827 se desencadenó una guerra regional cuando el presidente de la federación, apoyado por los conservadores guatemaltecos, intentó imponer su autoridad sobre los Jefes de Estado. Los sectores liberales en toda Centroamérica se unieron bajo el liderazgo del general hondureño Francisco Morazán. Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello tomaron partidos contrarios; el primero, con los conservadores, y el segundo, con los liberales. Pronto estalló una guerra entre ambos que culminó con el fusilamiento de Cerda en Rivas, el 17 de noviembre de 1828⁸.

13 Poco después, el general Francisco Morazán asumió la presidencia de la Federación, y colocó en la jefatura de Nicaragua a su tío político Dionisio Herrera. Sin embargo, la resistencia a las reformas impulsadas por Morazán y los gobiernos liberales desató otras dos guerras federales, en 1831-1833 y 1837-1839. Estos hechos repercutieron en la vida política nicaragüense. En enero de 1837, fue asesinado el Jefe de Estado José Zepeda, quien, al igual que Herrera, pertenecía a la red familiar de Morazán. El 30 de abril del siguiente año, la Asamblea Constituyente de Nicaragua rompió con la Federación, condicionando el retorno a la unión centroamericana a la firma de un nuevo pacto que garantizara la autonomía administrativa a lo interno de cada Estado. Tomar distancia de los conflictos que atravesaban el istmo centroamericano parecía una medida prudente; sin embargo, fue insuficiente para garantizar la paz en Nicaragua.

14 En 1844, la tradicional rivalidad entre Granada y León se vio agudizada debido a la modificación de sus jurisdicciones administrativas. Según la demarcación territorial establecida a raíz de la promulgación de la Carta Magna de 1826 y contemplada en la Ley Electoral de 1838, Managua pertenecía al Departamento Oriental⁹. Sin embargo, argumentando que los managüenses estaban cansados de contribuir con sus impuestos al fausto de la aristocracia de Granada, su alcalde empezó a gestionar el traslado administrativo del municipio bajo la jurisdicción del Departamento Occidental¹⁰. Este cambio fue oficializado el 29 de enero de 1844.

15 La modificación de las divisiones administrativas internas del Estado cobró para los granadinos una dimensión trascendental. Con la suma de los representantes de Managua, los occidentales obtendrían una aplastante mayoría en las Cámaras Legislativas. Peor aún, León ganaría control del estratégico “territorio de Tipitapa”, y con ello, el dominio por “agua i tierra” sobre el Departamento de Oriente, pues aquel era el paso obligado hacia el distrito de Chontales, donde se hallaban sus vastas haciendas ganaderas¹¹. Al confirmarse la noticia de la separación de Managua, el periódico granadino El Ojo del Pueblo lanzó un editorial en el que calificaba este hecho como “un crimen de rebelión”, germen de anarquía y guerra civil. En otro escrito, se explicó la mutilación del territorio del Departamento Oriental como una represalia del gobierno central, debido a la resistencia de la municipalidad a cumplir con los términos de un decreto referido al estanco del tabaco. La recolección y administración de los ingresos fiscales representaba, pues, otro factor de discordia entre el Estado y los poderes locales.

16 A fin de controlar la agitación política de los granadinos, el Director Supremo del Estado nombró a un militar leonés como Prefecto del Departamento de Oriente. Las contradicciones se exacerbaron, pues esta imposición rompía el equilibrio entre el poder central y los ejes de poder regional, establecidos por la Constitución de 1838. Los granadinos no sólo rechazaron a la persona designada, sino también pasaron a cuestionar la legitimidad del mismo cargo, tal como se refleja en el siguiente fragmento de un editorial de El Ojo del Pueblo:

17“¿Cuales son las conveniencias, cuales las ventajas que reporta un lugar con tener en su seno á un ajente que se llama Prefecto? ¿A un simulácro de autoridad, sin poder, sin prestigio alguno, que no tiene mas voluntad ni mas arbitrio, que la voluntad y el arbitrio del Gobierno, y que por esta razón se encuentra á cada paso estrechado entre los mandatos imperiosos y apremiantes de este, y las reclamaciones de la opinión pública, sostenida por las corporaciones municipales? Déjese á Granada solo y aislado: está muy bien: él no quiere labrarse su felicidad á costa de la de nadie¹²“. En síntesis, el editorial tejía su lógica en torno a la idea de que Granada lo mismo podía prescindir de los impuestos de los managüenses, como de la presencia del Prefecto. El cabildo constituía la única autoridad legítima, pues gozaba de reconocimiento social como portador del sentir del pueblo. Como vemos, en esta batalla verbal entre municipalidad y Estado, se apelaba a criterios de legitimidad provenientes de distintos sistemas de referencia, como era el tradicional “prestigio” y el concepto moderno de “opinión pública”. Por su parte, el Comandante General del Ejército interpretó las manifestaciones de lealtad hacia el poder municipal como una traición a la patria. El corolario de tal imputación era, naturalmente, identificar al opositor o disidente con el enemigo externo de turno. Los granadinos clamaban:

18“¡Que desgracia la nuestra! Ayer se nos acusaba de partidarios del General Morazán, y hoi se nos inculpa de connivencia con los enemigos mortales de este mismo, el General Carrera y los aristócratas de Guatemala! Asi por este mismo tenor son los cargos que se han hecho y se hacen contra este pueblo desventurado: si el Estado tiene guerra con los ingleses, los granadinos somos ainglesados; y si los Mosquitos se suspenden al Administrador del Norte, los granadinos tuvimos en este torpe atentado el principal participio … que se destruyan, que se aniquilen, es el clamor que se oye resonar por el rumbo del Occidente¹³.” Los granadinos descargaron su ira en contra del Comandante General de Armas, Casto Fonseca. Luego de cinco años de ejercer el cargo, éste se había convertido en el verdadero árbitro de la vida política, con capacidad de influir hasta en la elección de las supremas autoridades del Estado¹⁴. La identificación del jefe del ejército con intereses localistas provocó una fuerte resistencia de los poderosos clanes familiares de los Departamentos al proceso de centralización del poder militar en la capital. Como resultado, las llamadas tropas “veteranas” del Estado que se hallaban bajo el mando directo de los Comandantes de Plaza, mantenían constantes pugnas con los cuerpos policiales tradicionalmente organizados por los ayuntamientos para mantener el orden en las ciudades y campos aledaños. Los granadinos acusaron al Comandante General Casto Fonseca de haber reducido a los nicaragüenses a una “especie de Colonos sin porvenir”; es decir, de sumirlos en una situación igual a la que habían padecido bajo el yugo colonial. Además, argumentaban que, debido a su subordinación con respecto al poder militar, el Supremo Director Manuel Pérez ya no podía garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. El incumplimiento de su principal deber como gobernante anulaba, de hecho, el contrato social por el cual había sido electo, eximiendo a los gobernados de la obligación de obedecerle. Una vez roto el pacto social – concluían los políticos granadinos – la soberanía de la nación debía retornar a su fuente primigenia: “los pueblos“, representados por sus respectivos ayuntamientos. Por tanto, de acuerdo al Derecho de Gentes, éstos gozaban de la potestad para celebrar pactos entre sí, lo mismo que convenios con fuerzas externas para liberarse de un “Tirano¹⁵”.

19 Esta lógica preparó las condiciones para el estallido de una nueva guerra civil, atizada por conflictos regionales. En efecto, en 1844, el caudillo salvadoreño Francisco Malespín decidió atacar la ciudad de León, donde se habían refugiado algunos partidarios y familiares del ex-presidente federal Francisco Morazán. Los granadinos se sumaron a las fuerzas invasoras y la ciudad de León fue reducida a cenizas¹⁶. Una vez derrotados los leoneses, el control del poder ejecutivo pasó a manos del hacendado granadino José León Sandoval, quien fue electo Director Supremo en 1845. Sin embargo, sus esfuerzos por reorganizar el Estado se vieron obstaculizados por rivalidades entre caudillos regionales.

20 Fruto Chamorro, hijo de un rico hacendado granadino y de una indígena guatemalteca, emergió a mediados de la década de los cuarenta como líder de los conservadores del Departamento Oriental. Por su parte, los liberales leoneses encontraron un fuerte aliado en el militar guatemalteco Trinidad Muñoz, quien ocupaba los cargos de Jefe del Ejército y Diputado ante la Asamblea Nacional. Cada uno reclutaba su clientela política por intermedio de líderes locales, que bien podían ser un párroco influyente, un alcalde indígena, o una figura carismática y temeraria como Bernabé Somoza.

21 La resistencia de las elites regionales al proceso de centralización del Estado, se convirtió en otro foco de tensiones. Los poderosos terratenientes y comerciantes, acostumbrados a mandar desde los cabildos de las ciudades, recelaban de los Prefectos, Comandantes de Plaza, Fiscales de Hacienda y otras autoridades nombradas por el poder ejecutivo, calificándolos de intrusos enviados desde la lejana capital. En la década de 1840, el Departamento Oriental se vio sacudido por los choques entre conservadores y liberales, apodados timbucos y calandracas, respectivamente. En julio de 1849, el alcalde de Rivas decidió expulsar del Departamento Meridional al Comandante Fermín Martínez, del partido conservador. A fin de lograr su propósito, Espinoza ordenó a los alcaldes de los pueblos vecinos reclutar a los hombres de sus comunidades para tomar por asalto el Cuartel de Armas.

22 De esta manera, abrió las puertas a un estallido social que escapó de su control. Indígenas, mulatos y mestizos de los pueblos aledaños se volcaron sobre la villa, saqueando e incendiando las casas de los grandes propietarios criollos. Granada, Masaya y Matagalpa vivieron episodios similares de violencia popular. Constituían verdaderas descargas de ira, acumulada por la opresión que los indígenas y mestizos pobres sufrían de parte de las elites criollas, a pesar de la abolición formal del sistema de castas.

Las amenazas externas

23 Pese a sus crónicos conflictos internos, la visión de las elites nicaragüenses coincidía en un aspecto: estaban convencidos de que la geografía patria les auguraba un destino portentoso. Dos grandes lagos interiores, apenas separados del Pacífico por un breve istmo, y comunicados con el Atlántico a través de un ancho río navegable, ofrecían la posibilidad de abrir un canal interoceánico que convertiría a Nicaragua en el centro del comercio mundial.

24 En 1838, el gobierno nicaragüense emprendió diversas iniciativas en procura de apoyo externo para realizar su “destino geográfico“. Encomendó a Pedro Rouhaud la misión de buscar capital para el proyecto canalero en Francia, y encargó igual tarea al Obispo Jorge Viteri y Ungo, quien partía como embajador a Roma. Ese mismo año, otorgó a George Holdship, representante de un consorcio de comerciantes de Nueva York y Nueva Orleans, un contrato canalero que contemplaba también el establecimiento de un banco, y el fomento de la inmigración de colonos extranjeros. Asimismo, el gobierno de Nicaragua continuó financiando los estudios topográficos encargados al ingeniero británico John Baily en 1837, por el extinto gobierno federal. Estos empezaban ya a mostrar sus frutos. Tres años más tarde, Baily se hallaba en condiciones de argumentar de manera convincente que la construcción del canal por Nicaragua era técnicamente viable, a un costo razonable de veinticinco millones de dólares.

25 Sin embargo, el optimismo de los gobernantes nicaragüenses en cuanto a la viabilidad política y económica del naciente Estado, pronto se vio opacado. En vez de capital y tecnología, el proyecto canalero atrajo las ambiciones geopolíticas de las potencias. En febrero de 1840, John L. Stephens – agente diplomático confidencial del presidente norteamericano Van Buren – visitó Nicaragua, se entrevistó con Baily, y tomó detalladas notas sobre los resultados de su estudio¹⁷. Días más tarde, Stephens partió vía El Realejo, en donde fue atendido por el